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Mandatarios de América Latina, Caribe y Centroamérica han reconocido que los narcotraficantes tienen dinero y armas suficientes para hacer frente a muchos Estados. Este reconocimiento se ha hecho en la recientemente celebrada XVIII Cumbre Iberoamericana. Los mandatarios también han acordado coordinarse e intercambiar información, pero ésta parece tibia propuesta ante la gravedad del problema.
La solución no parece ser derrotar policialmente a los narcotraficantes, algo imposible hasta hoy. Justamente se ha logrado lo contrario: sectores de policía y fuerzas armadas se han corrompido a favor de los narcotraficantes. La solución sería eliminar la posibilidad de negocio.
El negocio de los narcotraficantes es la venta de sustancias sedantes o estimulantes denominadas ‘drogas’ y prohibidas. La prohibición, y la cruzada desatada desde los tiempos del presidente Reagan, han otorgado a las drogas una plusvalía increíble. Esa plusvalía ha enriquecido hasta extremos inenarrables a los delincuentes, y las inmensas fortunas obtenidas han permitido y permiten comprar todo tipo de armas, transportes, infraestructuras… más muchas conciencias, mandatarios, dirigentes policiales y militares, cargos políticos y lo que haga falta. Una solución –como ha editorializado en más de una ocasión el muy conservador The Economist, y han defendido ilustres conservadores, además de personalidades progresistas- sería hacer que el negocio deje de serlo. Y un modo de acabar con el negocio de las drogas es despenalizarlas.
Antonio Pedro Rius, que fue presidente de la Federación de Colegios de Abogados de España hacia los ochenta y no era precisamente de izquierda, escribió en 1986 que “la guerra contra los narcotraficantes, tal y como se está llevando por los caminos de la represión policial y judicial, se está perdiendo. Se lucha contra un monstruo económico que mueve al año cientos de millones de dólares y utiliza la corrupción. La única alternativa válida es darles la batalla en el campo económico. Vengo proponiendo reiteradamente que se declare la droga comercio del Estado”.
Cuatro décadas de cruzada contra las drogas no han conseguido reducir la superficie de tierras de cultivo de plantas de las que se obtienen aquéllas ni en América Latina ni en Afganistán. Un informe presentado recientemente en el Congreso de Estados Unidos concluye que el Plan Colombia no ha conseguido disminuir los cultivos ilegales en el país. Se pretendía reducir en seis años el cultivo, procesamiento y distribución de drogas ilegales en un 50%. Ha ocurrido lo contrario.
“Los cultivos de coca y la producción de cocaína se incrementaron un 15% y 4% respectivamente”, según la Oficina General de Contabilidad del Congreso de Estados Unidos. Y eso a pesar de que Colombia ha recibido 5.000 millones de dólares desde 1999 para luchar contra el narcotráfico. Y situación parecida se da en Afganistán.
Tampoco se ha logrado reducir la demanda de drogas y, a pesar de los muchos cientos de millones de dólares dedicados a la cruzada, la ilegal y criminal industria de los narcotraficantes es hoy más próspera y fuerte que nunca.
Según el Programa de la ONU para el control internacional de las drogas, éstas podrían mover entre 500.000 y 600.000 millones de dólares anuales. Dinero que hay que blanquear. Y ahí entramos en otra oscuridad de la Economía Criminal Global que se aprovecha, hace posible y alimenta uno de los peores tumores de nuestro tiempo: los paraísos fiscales. Drogas y paraísos fiscales están estrechamente relacionados.
Entre los volúmenes de dinero criminal y la red oscura y opaca de dinero, por causa de las drogas hoy nos encontramos con Estados contaminados, intoxicados, penetrados y corrompidos por el poder económico de los grupos organizados de narcotraficantes.
Ante tal desastre, se me ocurre pedir a Barak Obama que apunte en su apretada agenda que se proponga iniciar el que sin duda será largo camino para despenalizar las llamadas drogas y así privar del negocio a los criminales narcotraficantes, al igual las autoridades federales estadounidenses tuvieron el coraje de derogar la nefasta Ley Seca, que causó tanto daño (como reconoció el mismo Senado de Estados Unidos) durante parte del siglo XX.
Cuatro décadas de sonoros fracasos son prueba suficiente de que prohibición y ‘cruzada’ no son el camino.
Xavier Caño Tamayo. Periodista y escritor